“Vivir en espera”: migrar, cumplir… y seguir sin papeles en España

Amanda (nombre ficticio) llegó a España en 2018 con 14 años, estableciéndose en la ciudad de Talavera de la Reina. Como muchos jóvenes venezolanos de su generación, no lo hizo desde el miedo, sino desde una mezcla de ilusión y urgencia. “Salir de Venezuela era lo que queríamos todos en mi entorno”, recuerda. “Yo me sentía afortunada por poder empezar de cero en otro sitio”. Ese “empezar de cero” significó, en la práctica, meter su vida en 23 kilos y adaptarse a un país completamente distinto: nuevas palabras, nuevas costumbres, otro clima, otra forma de relacionarse. Pero el verdadero cambio no llegó hasta que cumplió la mayoría de edad. Entonces es cuando su realidad se separó de la de sus compañeros y amigos.

Sin papeles ni posibilidades

Mientras otros decidían qué carrera estudiar, Amanda empezó a investigar cómo regularizar su situación. “Para mí, la universidad ni siquiera era una posibilidad real en ese momento. Lo primero era tener una documentación válida”, explica. Lo que encontró fue un sistema complejo, fragmentado y difícil de encajar. Los distintos tipos de arraigo (social, laboral, familiar) exigían condiciones que, en la práctica, resultaban casi inalcanzables.

“Todo parecía posible sobre el papel, pero muy complicado en la realidad”, dice. “Por ejemplo, te piden una oferta de trabajo, pero sin permiso de trabajo no puedes incorporarte inmediatamente. Y las empresas buscan precisamente eso: inmediatez”. Ese círculo se repite una y otra vez: sin papeles no hay contrato, y sin contrato no hay papeles.

Amanda optó por el arraigo por formación cuando entró en vigor. “Creo que fui de las primeras personas en mi provincia en solicitarlo”, cuenta. El proceso exigía tres años de residencia en España, no poseer antecedentes penales y el compromiso de cursar una formación reglada. Durante ese tiempo, debía matricularse, estudiar y renovar el permiso cumpliendo todos los requisitos. Pero incluso en ese camino, los obstáculos no desaparecieron: “Te piden documentos constantemente, muchos con fecha de caducidad. A veces tienes que volver a entregar información que el propio Estado ya tiene”, explica. En uno de sus trámites, incluso le solicitaron un certificado de soltería emitido desde Venezuela, a pesar de haber salido del país siendo menor.

Ahí aparece otro de los grandes problemas: los trámites que dependen del país de origen. “Conseguir documentos desde Venezuela es muy difícil. Los procesos son lentos, las plataformas no siempre funcionan, y en muchos casos la gente recurre a pagos informales para agilizar”, señala.

Amanda describe esos años como una etapa marcada por la incertidumbre y la falta de control. “Me he sentido vulnerable. Incluso cuando obtuve un permiso temporal, no sentía que tuviera el control de mi vida”. Esa falta de estabilidad tiene consecuencias concretas: no poder trabajar con normalidad, depender económicamente de su familia, renunciar a experiencias habituales para alguien de su edad. “Hace años me habría gustado empezar a trabajar, tener independencia. Pero esta situación te lo limita todo. Te quita libertad”, resume.

A día de hoy, Amanda sigue sin haber logrado regularizar completamente su situación.

La regularización «masiva»

En medio del debate actual sobre regularizaciones en España, su historia introduce matices que a menudo se pierden en el discurso público. “Se están mezclando cosas distintas”, señala. “No es lo mismo el asilo (que responde a situaciones de guerra o persecución) que la regularización de personas que ya viven aquí”.

Desde su experiencia, las regularizaciones extraordinarias no son una solución completa, sino un parche necesario. “No es que cualquiera llegue y obtenga papeles automáticamente. Se exigen condiciones: tiempo en España, arraigo, no tener antecedentes… Pero sigue siendo un proceso largo, y muchas personas no tienen información clara”. Más que medidas puntuales, Amanda insiste en la necesidad de cambiar la estructura del sistema, para ello, propone reducir la documentación redundante, mejorar los plazos de respuesta, aumentar el personal en extranjería y permitir trabajar mientras se tramitan los permisos. También plantea algo clave: que el Estado comparta datos entre administraciones para evitar que el ciudadano tenga que demostrar una y otra vez lo mismo.

“No se trata de quitar requisitos”, aclara. “Se trata de que el sistema funcione para las personas que están intentando hacer las cosas bien”. Por que esa es, quizá, la idea más repetida a lo largo de su historia: la dificultad de regularizarse no siempre tiene que ver con errores individuales, sino con un sistema que no se adapta a la realidad: “Regularizarse es muy duro. Y no porque estés haciendo algo mal, sino porque el proceso es complicado incluso cuando cumples con todo”, concluye.

Mientras tanto, Amanda sigue esperando. No de forma pasiva, sino estudiando, intentando encajar en un sistema que todavía no termina de darle un lugar estable.

“Para mí, regularizar mi situación significaría empezar de verdad a construir mi vida”, dice.

Y esa vida , aunque lleve años en España, aún está, en muchos sentidos, en pausa.