23-F: cuando la democracia española estuvo a punto de romperse
El 23 de febrero de 1981, España contuvo la respiración. Mientras el Congreso de los Diputados votaba la investidura de Leopoldo Calvo-Sotelo, un grupo de guardias civiles armados irrumpía en el hemiciclo. Las imágenes de Antonio Tejero pistola en alto y los diputados tirados en el suelo marcaron a toda una generación. Pero para entender por qué aquel golpe de Estado estuvo a punto de triunfar, hay que mirar más allá de esa tarde.
El 23-F no fue un episodio aislado ni una conspiración surgida de la nada. Fue el resultado de un contexto profundamente inestable. Como explica el historiador Sergio Molina, profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha, “para comprender el golpe de Estado se tiene que hacer referencia al contexto”. Y ese contexto, a finales de los años setenta, era el de una democracia en construcción rodeada de incertidumbre.
Un país con el futuro abierto
Tras la muerte de Francisco Franco en noviembre de 1975, España entró en una etapa imprevisible. “Se abrió un periodo de incertidumbre en el que era complicado prever el futuro del país. Es decir, estaba todo abierto”, señala Molina.
Esa apertura significaba que coexistían proyectos muy distintos. “Una parte de la élite de la dictadura abogaba por mantener un régimen dictatorial; otra parte defendía cierto aperturismo”, explica. A esa tensión interna se sumaba la oposición democrática, que había ido consolidando apoyo social durante los últimos años del franquismo.
Cuando comenzaron las reformas impulsadas por Adolfo Suárez, el equilibrio se volvió todavía más delicado. Molina destaca un punto de inflexión claro: “Una vez se inician los cambios democráticos con Suárez como presidente, una parte del ejército comienza a sentirse defraudado”. Para esos sectores, la incorporación del Partido Comunista a la legalidad suponía cruzar un límite inaceptable.
Ese malestar fue más allá de una cuestión simbólica. Según Molina, en determinados círculos militares “comienza a generar ideas de acabar con el sistema democrático”. La transición no era vista por todos como un proceso irreversible, sino como una desviación que podía corregirse.
Democracia en plena tormenta económica
La fragilidad política coincidió con un momento económico extremadamente difícil. España atravesaba las consecuencias de la crisis del petróleo, con inflación disparada y aumento del desempleo.
“El impacto de la crisis económica fue muy importante y condicionó la transición política”, subraya Molina. “Todos los cambios hacia la democracia se tuvieron que realizar en un contexto de inestabilidad económica, incremento de la inflación y del paro”.
Esa combinación era explosiva. No se trataba solo de diseñar nuevas instituciones, sino de hacerlo mientras una parte importante de la población veía deteriorarse sus condiciones de vida. “Todo ello dificultaba la puesta en marcha de una democracia y de construir un sistema en el que confiase la sociedad”, añade el historiador.
La desintegración del centro político
A comienzos de 1981, el sistema político también mostraba grietas internas. La Unión de Centro Democrático (UCD), que había liderado el proceso reformista, no logró consolidarse como partido unificado.
“La UCD se trató de una coalición de partidos que fracasó en su intento de consolidarse como un único partido”, explica Molina. Las tensiones internas no eran menores: “Las luchas internas por el control de la organización fue el principal motivo por el que la UCD acabó desintegrándose”.
La consecuencia fue grave para el equilibrio político. “Esto provocó un problema en el sistema político español, pues desapareció un partido moderado-conservador”, señala. En ese vacío, la alternativa en la derecha era Alianza Popular, una formación vinculada a figuras del antiguo régimen. La sensación de descomposición aumentaba justo cuando más estabilidad necesitaba el país.
La dimisión de Suárez en enero de 1981 fue el símbolo visible de esa crisis. El presidente que había encabezado la transición abandonaba el cargo en medio de presiones políticas, desgaste interno y cuestionamientos desde distintos frentes.
Violencia y miedo: la cara menos idealizada de la Transición
Uno de los elementos más decisivos del clima previo al 23-F fue la violencia política. Frente al relato de una transición modélica y pacífica, Molina ofrece un matiz claro: “Las lecturas que muestran el proceso de transición como modélico y pacífico corresponden a visiones interesadas sobre el pasado, pero que no con la realidad”.
El historiador insiste en que la transición estuvo marcada por tres factores: “incertidumbre, miedo y violencia”. Incertidumbre porque no se sabía en qué desembocaría el proceso; miedo porque, tras cuarenta años de dictadura, una parte importante de la población evitaba implicarse políticamente; y violencia porque los atentados y acciones armadas eran constantes.
“La más importante fue la de ETA, pero también de extrema derecha (Legionarios de Cristo Rey…) y de izquierda radical (GRAPO, FRAP)”, enumera. Los asesinatos de militares y guardias civiles por parte de ETA impactaban de lleno en el estamento castrense, reforzando la percepción de que el Estado estaba perdiendo el control.
En ese contexto, ciertos sectores del Ejército interpretaban la violencia como prueba de que la democracia era sinónimo de desorden.
Una democracia que resiste
¿Existía estabilidad democrática en 1981? Para Molina, la respuesta es matizada: “El hecho de que se produzca un golpe de Estado demuestra que el sistema no estaba consolidado”. Sin embargo, el desenlace también es revelador: “La capacidad que tuvo la naciente democracia de sobrepasar a la intentona golpista también demostraba que el sistema que se estaba construyendo tenía apoyo institucional”.
El mensaje televisado del rey Juan Carlos I defendiendo el orden constitucional fue clave para frenar apoyos al golpe dentro del Ejército. Aquella noche marcó un antes y un después en la percepción pública de la monarquía y en la legitimidad del nuevo sistema.
Desde la perspectiva de los golpistas, las motivaciones eran claras. Molina las resume así: “Incapacidad de asumir la realidad democrática y que las competencias del ejército se restringían a la protección del país, pero no a participar en política”. La transición había redefinido el papel de las Fuerzas Armadas, y no todos estaban dispuestos a aceptarlo.
Valencia: los tanques a la calle
Mientras el Congreso permanecía secuestrado, en Valencia la crisis adquiría una dimensión visible. El capitán general Jaime Milans del Bosch declaró el estado de excepción y ordenó sacar los tanques a la calle.
“En Valencia se vivió una situación única porque los tanques salieron a la calle ese día”, explica Molina. “El principal motivo es que el capitán de la III Región Militar, Milans del Bosch, estaba en esta ciudad. Declaró el estado de excepción y mandó sacar los tanques a la calle para mostrar su apoyo al golpe”.
El efecto fue inmediato: “Eso provocó un gran miedo social, sobre todo de la población más mayor, que volvió a recordar la Guerra Civil”. Durante unas horas, el pasado parecía regresar con toda su fuerza.
El 23-F fue la consecuencia de una transición atravesada por crisis económica, violencia política, divisiones internas y tensiones militares. No fue solo el asalto al Congreso, sino la expresión de una democracia que todavía estaba definiéndose.
Y, sin embargo, su fracaso demostró que el sistema contaba con defensas suficientes para sobrevivir. La pregunta que queda abierta, es hasta qué punto aquel intento de golpe reforzó finalmente la democracia o evidenció las profundas fragilidades que habían.
Si el contexto político, social y económico explica el clima previo al golpe, Manuel Ortiz Heras pone el foco en otro problema: la memoria. Para el catedrático, el 23-F no solo revela las tensiones de 1981, sino también las carencias actuales a la hora de entender la Transición.
Una democracia por definir
Ortiz Heras recuerda que la muerte de Francisco Franco abre un escenario totalmente inédito en este país. Tras 40 años de ausencia de libertades políticas, España era en 1975 la excepción en Europa occidental. Grecia y Portugal ya habían iniciado su transición democrática.
Aunque existía un deseo mayoritario de cambio los españoles lo que querían era la posibilidad de elegir a sus representantes en las urnas libremente, aunque, el concepto de democracia no estaba del todo definido. No sabemos muy bien qué concepto de democracia era el que se tenía en aquel momento. Esa ambigüedad afectaba tanto a sectores reformistas del franquismo como a la oposición antifranquista.
La proclamación de Juan Carlos I y la designación de Adolfo Suárez marcaron el inicio de la transformación legal del régimen.
Ruido de sables
Uno de los puntos centrales del análisis es el papel del Ejército. En 1981, era básicamente franquista. Muchos mandos habían jurado lealtad a Franco y veían con recelo la legalización de partidos como el PCE o el avance del Estado autonómico.
Desde los primeros momentos de la Transición comenzó el llamado ruido de sables: es decir, presiones y advertencias desde los cuarteles. A ello se sumaban los atentados de ETA y de otros grupos armados. Los atentados de aquella época llevan al ejército a una situación de extrema tensión que los anima a tomar cartas en el asunto. Ortiz Heras recuerda que la intervención militar en política no era algo nuevo en España. La dictadura de Miguel Primo de Rivera demostraba que esa tradición formaba parte de la historia contemporánea del país.
1980: el año crítico
El historiador define 1980 como el annus horribilis, el año peor de nuestra transición”. Crisis económica, terrorismo casi diario y una UCD en descomposición creaban un clima asfixiante. Suárez había perdido la confianza de todos, incluso del propio rey. En ese contexto se hablaba de un gobierno de concentración con un militar al frente. De esto se hablaba. La dimisión de Suárez descolocó a quienes buscaban forzar su salida, pero no frenó a todos. El problema es que Tejero había decidido continuar.
El 23 de febrero, el teniente coronel Antonio Tejero asaltó el Congreso con unos 200 guardias civiles. Esta operación se ejecutó con mucha facilidad. La imagen de un guardia civil disparando en la sede de la soberanía nacional fue, verdaderamente vergonzosa para un país que buscaba homologarse con Europa.
El Papel de Juan Carlos I
Uno de los debates más delicados es el papel de Juan Carlos I. El rey estaba perfectamente al tanto de lo que pasaba de la calle, afirma Ortiz Heras respecto al malestar militar y las reuniones previas. Aunque no existe un documento que pruebe una orden directa, pudo haber sido más contundente antes de que la situación escalara.
Su mensaje televisado llegó cinco horas después del asalto. Aquella intervención fue clave para frenar el golpe y transformó su imagen pública. Su actuación el 23 de febrero es lo que ha catapultado a la personalidad del rey.
Ortiz Heras introduce una distinción significativa: “En este país no hemos sido monárquicos. En este país la mayoría de la gente ha sido juancarlista”. El 23-F consolidó esa identificación entre democracia y figura del rey.
En la actualidad…
Sobre la reciente desclasificación de documentos, el historiador es escéptico: “No desvelan realmente nada que ya no supiéramos”. Sin embargo, sí han reactivado el debate público y la revisión crítica del relato oficial.
Para Ortiz Heras, el problema principal no es solo histórico, sino pedagógico. “Es como si de repente a nosotros nos borran la memoria”, dice al referirse al desconocimiento sobre la Transición. Sin comprender ese periodo, el papel del Ejército, de la monarquía, de los partidos y de la sociedad civil resulta difícil entender debates actuales sobre el modelo de Estado o la calidad democrática.
El 23-F fue el momento en que nos la jugamos. La democracia resistió, pero no fue un regalo ni una consecuencia automática. Fue el resultado de tensiones, riesgos reales y decisiones que todavía hoy generan preguntas.
