El Consejo Europeo propone la prohibición de las terapias de conversión en Europa con garantías
La comunidad LGTBIQ+ en Europa ha sido objeto de múltiples desprecios y formas de violencia. Una de ellas, las terapias de conversión. La Asamblea Parlamentaria del Consejo Europeo ha aprobado pedir a los países europeos adoptar una legislación que prohíba este tipo de prácticas. El órgano europeo ha sacado adelante esta propuesta con 71 votos a favor, 26 en contra y 2 abstenciones, durante la sesión plenaria celebrada en Estrasburgo. En esta sesión han estado reunidos los representantes de 46 Estados miembros de la Unión Europea.
¿Qué son las terapias de conversión?
Según el informe presentado por la ONU, las ‘terapias de conversión’ tienen como principal objetivo cambiar la orientación sexual o la identidad de género de una persona, partiendo de la base de que las personas del colectivo LGBTIQ+ están “enfermas”.
El último informe de ILGA Europe señala que cerca del 25% de los ciudadanos de la UE han sido víctimas de las terapias de conversión. Este tipo de prácticas ya están prohibidas en varios países europeos, entre ellos España, Portugal, Francia y Alemania. En el caso de España, la regulación se recoge en el artículo 17 de la Ley Trans y LGTBI estatal, que establece: “Se prohíbe la práctica de métodos, programas y terapias de aversión, conversión o contracondicionamiento, en cualquier forma, destinados a modificar la orientación o identidad sexual o la expresión de género de las personas, incluso si cuentan con el consentimiento de la persona interesada o de su representante legal”. Su incumplimiento, considerado una infracción muy grave, conlleva multas de entre 10.000 a 150.000 euros, además de otras sanciones administrativas.
Propuesta europea
Esta iniciativa incorpora una enmienda relevante. Aclara que la intervención de apoyo de progenitores, instituciones religiosas organizadas o profesionales clínicos no se consideran prácticas de conversión.
El texto enfatiza que aquellos padres, tutores, docentes, trabajadores sociales y profesionales de la salud que participen sin coerción ni prácticas abusivas no estarán expuestos a sanciones penales por manifestar desacuerdo, ejercer su criterio profesional o prestar apoyo no directivo. Una garantía propuesta por el Partido Popular Europeo y aprobada por unanimidad con 97 votos a favor.
El grupo Socialista y Verde han sido los impulsores de este texto, que ha contado con el apoyo de socialistas, verdes, el Partido Popular Europeo y los liberales. En cambio, los grupos conservadores y Patriots, al que pertenece Vox, se han opuesto a la iniciativa.
