SOCIEDAD

El Ejecutivo destina 111 millones a actualizar el sistema de pulseras antimaltrato

El Gobierno ha iniciado un proceso de licitación para renovar y ampliar el sistema de pulseras telemáticas destinadas a proteger a las víctimas de violencia de género. El contrato, autorizado por el Consejo de Ministros, contará con un valor estimado de hasta 111,1 millones de euros y permitirá modernizar estos dispositivos durante los próximos años.

Las pulseras antimaltrato son dispositivos electrónicos que se colocan tanto al agresor como a la víctima cuando existe una orden de alejamiento. El sistema controla en tiempo real la distancia entre ambos y, si el agresor se acerca a la zona prohibida, se activa una alerta automática que avisa tanto a la policía como a la víctima.

Actualmente, más de 4.500 agresores llevan dispositivos telemáticos activos en España dentro del sistema de seguimiento de medidas judiciales de alejamiento, que permite proteger a miles de mujeres en situación de riesgo. El servicio depende del Ministerio del Interior y forma parte del sistema de seguimiento integral de los casos de violencia de género.

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2024 se registraron 34.684 mujeres víctimas de violencia de género con medidas judiciales de protección en España, lo que refleja la dimensión del problema y la necesidad de reforzar los mecanismos de seguridad.

Desde el Ejecutivo han señalado que la renovación del contrato incluye mejoras tecnológicas en los dispositivos y el mantenimiento del servicio, con el objetivo de ampliar la capacidad del sistema y garantizar su correcto funcionamiento. En la referencia oficial del acuerdo, el Gobierno destaca que esta contratación “refuerza la protección de las víctimas y el cumplimiento de las medidas de alejamiento”, dentro del compromiso institucional contra la violencia machista.

La inversión cubrirá la fabricación de nuevos dispositivos, su mantenimiento y el suministro del servicio durante un periodo de tres años, con posibilidad de prórrogas. Entre los próximos pasos se encuentra la adjudicación del contrato a la empresa o empresas proveedoras y la implantación progresiva de los nuevos dispositivos, que sustituirán a los actuales y permitirán ampliar el número de personas protegidas por el sistema.

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