Más control en la FP privada: el debate que divide a estudiantes, docentes y centros

En los últimos años, la Formación Profesional se ha convertido en una de las principales opciones educativas en España, gracias a su amplia oferta y a su compatibilidad con otros estudios. Sin embargo, esto también ha supuesto su auge en centros privados. Ante la preocupación por la aparición de estos cursos que podrían no garantizar una formación de calidad, el Gobierno de Pedro Sánchez prepara un Real Decreto para endurecer los requisitos de apertura y supervisión de estos centros. La medida, aún en desarrollo, ha revivido un debate sobre el papel de la educación privada, la regulación del sector y las garantías que reciben los estudiantes que apuestan por este tipo de centros.

Según el órgano, esta nueva normativa busca asegurar la calidad docente en todos los centros que impartan Formación Profesional, además de instalaciones adecuadas, conexión con el mundo laboral, y demás aspectos considerados clave para mejorar la cualificación de los estudiantes. El anuncio llega en un momento en el que miles de estudiantes optan por la FP, lo que ha convertido este ámbito en un sector en plena expansión tanto económica como académica, especialmente dentro de la oferta privada.

El debate de los estudiantes ante la nueva normativa

En el sector estudiantil, esta medida ha despertado opiniones muy diversas. Algunos de los alumnos consideran que con la inversión de más capital y un control más exhaustivo puede resultar muy beneficioso para aquellos que elijan el camino privado. Sin embargo, otros temen que esta regulación pueda reducir la oferta de plazas al limitar la apertura o cerrar algunos centros por incumplir las medidas.

«Si sirve para un mejor control, estoy contenta, pero también deberían mirar que no reduzcan la oferta de plazas, pues la gente aquí paga mucho dinero por poder acceder».

Aringa Nava, estudiante de un ciclo superior en la Universidad Alfonso X «El Sabio», Madrid

Por otro lado, en la FP pública, algunos de estos estudiantes muestran su descontento, ya que consideran que el foco debería ponerse también en el sector público, donde denuncian falta de plazas y recursos en determinados ciclos. “Está muy bien que controlen a los centros privados, pero también deberían ayudar al sector público, que también está sufriendo. Deberían encontrar un punto medio, porque el dinero de los centros públicos sale de nuestros impuestos y también queremos que vaya bien”, señalaba Adrián Cillero, estudiante de un grado medio en IES “La Quintana” que, además, aseguraba que muchos de sus compañeros tuvieron que matricularse en otros centros por falta de plazas disponibles. Ese es el caso de Mireya Fernández, que por falta de oferta ha tenido que mudarse a Galicia para estudiar un ciclo superior de imagen y sonido, por el que paga más de 4.000 euros: “Necesitamos más plazas y mejores recursos. Yo no podía permitirme pagar miles de euros, además del piso; y al final he tenido que salir fuera. Estoy trabajando en dos sitios y casi no puedo con todo. Por eso considero que además de alguna ayuda, se puede comenzar por arreglar el sector público del que, además, nos beneficiamos todos”. En esta misma línea se encuentra Sara García que por perseguir su sueño de dedicarse al mundo de la moda se ha mudado a Madrid: “El ciclo que estoy estudiando no se encuentra en ningún centro público, si lo hubiera, sin duda habría optado por él. El coste de mis estudios es elevado: solo la matrícula ronda los 5.000 euros. Creo que deberían mirar la oferta de estudios, porque muchos tenemos que salir por necesidad, no por gusto”.

El papel del profesorado en la calidad de la FP

Un sector que también podría verse afectado es el del profesorado. Aunque el decreto aún se encuentre en el periodo de tramitación, el Gobierno ha señalado que uno de sus objetivos es asegurar que “quien imparta la formación lo haga con exigencia y control”, lo que implicará un cambio en las plantillas, donde se comenzará a requerir una mayor cualificación y requisitos formativos. “Estoy de acuerdo con que se vigile de cerca al sector privado. Sin embargo, al igual que en hospitales u otros centros públicos, no nos pueden dejar a nuestra suerte, también deberían ayudarnos a nosotros, los profesores del sector público, porque en algunos casos no tenemos las infraestructuras y las organizaciones que necesitamos”, explicaba Gabriel Sánchez, profesor del ciclo formativo de higiene bucodental en el Instituto “La Quintana”. Muchos de los profesores ven con buenos ojos este importante paso para dejar a un lado esos “chiringuitos”. No obstante, también lo ven como un ataque a la integridad de muchos centros privados:

El impacto real dependerá de si la demanda estudiantil continúa creciendo en la oferta pública; en ese caso, la regulación podría favorecer la igualdad siempre que vaya acompañada de nuevas plazas públicas. Por el contrario, también podría generar tensiones si la expansión del sector privado no se equilibra con un adecuado mantenimiento de los centros públicos.

En este escenario, la futura aprobación del decreto se perfila como un nuevo punto de debate dentro del sector educativo, tanto en las administraciones como entre el profesorado y alumnado, coincidiendo con un momento clave para la expansión de la Formación Profesional en el país. Mientras el Gobierno defiende esta nueva medida como una herramienta que protegerá a los estudiantes, desde el sector privado se reclama claridad normativa y garantías de que este tipo de normas no frenará el crecimiento de una oferta que ha conseguido absorber a la creciente demanda de estos estudios. El resultado deberá verse cuando se encuentre un equilibrio entre ambos sectores, propulsando, en gran medida, el rumbo de la FP en los próximos años.